La Evaluación de impacto sobre los derechos humanos (o HRIA, por sus siglas en inglés) permite realizar un análisis estructurado de los efectos potenciales e inquietudes respecto de una iniciativa. Más adelante se indican algunos recursos sobre la HRIA. Existen diversos modelos y enfoques que bien podrían ajustarse a las necesidades de una iniciativa. Por ejemplo, la evaluación de beneficiarios se centra en las percepciones existentes que tenga la comunidad en ese momento.

La consultora en derechos humanos NomoGaia describe su proceso central como una evaluación de riesgo menos exhaustiva que una evaluación de impacto completa. En una evaluación de riesgos se analiza:

1. El o los derechos que se ven afectados
2. Todos los grupos de titulares de derechos pertinentes
3. La gravedad del posible impacto o efecto
4. La probabilidad del potencial impacto o problema con los derechos
5. Las causas subyacentes del riesgo
6. La naturaleza y el grado de la conexión con la iniciativa u operación

 
Otro enfoque ampliamente adoptado corresponde a la debida diligencia en materia de derechos humanos elaborada por la ONU en el documento Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos. El objetivo es identificar, prevenir, mitigar y detectar cómo [las empresas] abordan los efectos adversos sobre los derechos humanos. Los cuatro componentes son:

1. Evaluar los efectos reales y potenciales sobre los derechos humanos
2. Integrar los resultados de la evaluación e implementar medidas para mitigar los efectos
3. Llevar un registro de las respuestas y resultados
4. Comunicar a todas las partes interesadas y tenedores de derechos cómo se están abordando los efectos o impactos

 
No existe una sola metodología que sea correcta para cada caso. En función de las circunstancias del momento, el equipo de TNC debería elegir una y proceder con los principios de Autodeterminación, Relaciones colaborativas y Buena voluntad general. El equipo de TNC debería realizar investigaciones en forma continua y consultar con expertos para así compartir lo que aprendan con el PICL dentro de un marco de diálogo y colaboración, sin llegar a conclusiones tajantes hasta que se haya incorporado completamente la perspectiva del PICL.

Las evaluaciones de impacto y los ámbitos de interés priorizados serán usados durante todo el tiempo que dure la iniciativa a fin de diseñar un Plan de solución de conflictos, elegir áreas prioritarias para la implementación (consulte el módulo Implementación) y desarrollar indicadores de monitoreo, evaluación y adaptación (consulte el módulo Monitoreo, evaluación y adaptación).

Buenas prácticas para el proceso de evaluación de impacto sobre los derechos humanos

Priorizar (por categoría si es necesario)
Las consultas deberían ser completas, si bien es posible que se pierda fuerza si hay demasiada información diferente. En el caso de que hubieran demasiados problemas, se aconseja priorizarlos por categoría para que el enfoque sea completo y conciso.

Escuchar al PICL
La priorización debería basarse en dos puntos:

1. ¿Qué es lo que preocupa más al PICL? Es posible que un efecto potencial se transforme en una prioridad si afecta algo que el PICL valora.
2. ¿Cuáles son los efectos más importantes de la iniciativa en término de cambios sociales, culturales, ambientales, económicos y normativos?

 
Anticipar que la evaluación evolucione
Asegúrese de que en la evaluación haya cabida para que todas las partes (incluidas las perspectivas de los PICL sobre qué es lo más importante) puedan evolucionar a medida que se cuente con más información y el PICL obtenga más información sobre los efectos de la iniciativa.

Considerar diversas perspectivas y consecuencias
Toda área de interés tendrá un efecto inicial obvio. Una evaluación metódica devela los efectos y plantea consecuencias a corto y largo plazo, diferentes perspectivas, soluciones intermedias e intereses contrapuestos. Los equipos de TNC deberían contemplar la iniciativa en términos amplios e incluir las consecuencias a la luz de los derechos descritos en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, como ser la autodeterminación, el derecho a la tierra y protección contra el desplazamiento forzado, los derechos a la cultura y la protección contra la asimilación forzada, y los derechos de autonomía y asistencia financiera y técnica.